Ginebra, 27 sep (EFE).- El Comité sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU urgió hoy a España a garantizar que este colectivo cuenta con la protección del Estado contra la discriminación y goza de una plena igualdad de oportunidades.
El Comité dio a conocer sus observaciones y recomendaciones sobre el informe que el Gobierno español presentó la semana pasada, y expresó su preocupación por “el lento desarrollo y falta de promoción” de las medidas aprobadas para evitar la discriminación.
Esta instancia se refiere en concreto al establecimiento de la Oficina Permanente Especializada que se creó en 2007 para combatir la discriminación, garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidades, y que, en opinión del Comité, no cumple plenamente con su cometido.
“El Comité está preocupado por la eficacia general del sistema”, dice el informe, que denuncia la falta de datos por parte del Estado sobre el grado de participación de los discapacitados en las decisiones legislativas y políticas que les afectan.
El documento recoge la preocupación por la falta de información sobre casos de discriminación, sobre los problemas de alojamiento de este colectivo y sobre la influencia en la guardia y custodia de los menores discapacitados por el hecho de serlo.
La inquietud se expresa también por el hecho de que los distintos programas y políticas públicas contra la violencia de género y en favor de promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo no consideran lo suficiente a las mujeres discapacitadas.
En este sentido, se recomienda a España “elaborar y desarrollar estrategias, políticas y programas, especialmente en educación, empleo, salud y protección social, que promuevan la autonomía y la plena participación de las mujeres y las niñas discapacitadas en la sociedad, y que combatan la violencia contra ellas”.
En materia reproductiva, se recomienda a España abolir la distinción legal que permite ampliar hasta más allá de las 22 semanas el derecho a abortar si el feto presenta una discapacidad.
El Comité apuesta igualmente por una revisión de la legislación para garantizar que todas las personas discapacitadas puedan votar y participar en la vida pública al margen de su impedimento.
Para ello, pide a España enmendar la Ley Orgánica 5/1985, que permite a un juez negar el derecho al voto a un discapacitado.
En materia educativa, el Comité elogia el alto porcentaje (78,35%) de participación de los niños discapacitados en el sistema escolar ordinario, pero considera que la legislación para conseguir el mayor grado de integración podría no aplicarse en la práctica.
Las conclusiones recogen las denuncias sobre segregación y exclusión de estos niños, la utilización de argumentos financieros como justificación para discriminar y los casos de escolarización de este colectivo en centros especiales contra la voluntad paterna.
“El Comité observa con preocupación que los padres que cuestionan la ubicación de sus hijos con discapacidades en la educación especial no tienen posibilidad de recurso y que su única alternativa es educarlos costeándoselo ellos mismos”, indica el documento.
Los niños discapacitados son fuente además de preocupación para este órgano por “las informaciones sobre la existencia de tasas más altas de abuso contra ellos, en comparación con otros niños”.
La aplicación efectiva de la legislación vuelve a fallar a la hora de mejorar la accesibilidad de este colectivo y el Comité indica que las leyes presentan “un bajo nivel de aplicación, sobre todo en los niveles local y regional, y en el sector privado”.
El extenso documento hace referencia a la libertad y la seguridad de las personas e insta a España a revisar las leyes que permiten privar de libertad en base a la discapacidad, ya sea mental, psicológica o intelectual, y a que revoque las medidas de autorización de internamiento involuntario por un informe médico.
España ratificó en 2008 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades y ha sido el primer Estado en presentar un informe inicial ante el citado Comité, que alabó el esfuerzo de colaboración del Gobierno en esta materia.
El Comité pidió por último a España que, con fecha límite del 3 de diciembre de 2015, presente un segundo informe que dé cuenta de la aplicación de las recomendaciones realizadas hoy. EFE
Fuente: ABC. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=939727
SE ADJUNTA LA LEY 20/2011 Y EL REAL DECRETO 1276/2011 SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON CISCAPACIDAD.
