El CERMI saluda que el Tribunal Constitucional, en sentencia conocida el martes 14 de febrero, haya declarado sustancialmente válido y conforme al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
La norma reglamentaria, aprobada en diciembre de 2014, fue propuesta por el CERMI a través del Consejo Nacional de la Discapacidad y asumida por el Gobierno de la Nación que hizo suya la demanda social y la aprobó, como regulación básica para todo el territorio nacional.
Con esta regulación estatal, se pretendía establecer unos condiciones básicas en la emisión y uso de las tarjetas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida en toda España, cuestión que en ese momento estaba desperdigada en distintas normativas autonómicas, que impedían la igualdad y la libre movilidad de las personas con discapacidad.
El Real Decreto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Vasco, al entender que invadía competencias autonómicas, pero la sentencia conocida el día 14 es clara pues considera que la norma reglamentaria es adecuada y que salvos aspectos muy menores respeta plenamente el orden constitucional de distribución de competencias, reconociendo al Estado un espacio para regular condiciones básicas que aseguren la igualdad de los españoles.
Fuente: CERMI.