El CERMI ha reclamado a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España que imiten la decisión de la Junta de Castilla y León de reservar un tanto por ciento de la contratación pública a favor de centros especiales de empleo, empresas cuya plantilla está compuesta por al menos un 70% de trabajadores con discapacidad.

La Junta de Castilla y León adoptó esta decisión el pasado mes de julio  mediante un acuerdo del Ejecutivo por el que se aprobaban directrices vinculantes para los órganos de contratación sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
 
En virtud de este acuerdo, los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Junta de Castilla y León reservarán la participación en los procedimientos de contratación a los centros especiales de empleo, en los términos previstos en la legislación básica del Estado.
 
Los contratos reservados representarán en cómputo global anual el 6,5% del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior para el conjunto de actividades definidas en el propio acuerdo.
 
Buena práctica
 
Con este importante paso, la Junta de Castilla y León se suma al Gobierno de Navarra, que hace unos años estableció mediante ley una reserva a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción.
 
La legislación europea y española en materia de contratación pública permite a todas las Administraciones, en aplicación de cláusulas sociales, efectuar reservas a favor de centros especiales de empleo, como medio de contribuir a su finalidad social de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.
 
Enlace al texto del Acuerdo de la Junta de Castilla y León:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/01/pdf/BOCYL-D-01082012-10.pdf