La norma, que marcará un “antes y un después”, incluye medidas relacionadas con el empleo, la salud o la educación, entre otras

Cantabria garantizará por ley los derechos de las personas con discapacidad con una norma que marcará “un antes y un después”, según la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos. Tras más de un año de trabajo y colaboración entre el Ejecutivo regional y el CERMI, el anteproyecto de esta ley se abre ahora a la participación de los ciudadanos, a través de la web de transparencia del Gobierno y de Cantabria Participa.

Díaz Tezanos ha afirmado que la futura ley es “un hito histórico” en la comunidad autónoma y que su aprobación va a beneficiar a las personas con discapacidad y a toda la sociedad de Cantabria, que “se va a convertir en una sociedad más justa“.

Se trata de la plasmación en la normativa autonómica de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por el Gobierno de España un año después.

La finalidad de esta ley integral es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad respecto al resto de los ciudadanos, garantizar la efectividad de sus derechos, eliminar y corregir toda forma de discriminación y asegurar el carácter “transversal, participativo e intersectorial” de todas las actuaciones públicas de atención a estas personas.

La presidenta del CERMI, Mar Arruti, que ha acompañado a Díaz Tezanos en la presentación del anteproyecto, ha subrayado que contar con una ley que garantice los derechos de las personas con discapacidad es “un gran logro” y ha señalado que en el texto que ahora sale a información pública se plasman la mayoría de las propuestas de la organización.

No obstante ha avanzado que el CERMI aprovechará este proceso para plantear la necesidad de crear un consejo autonómico de la discapacidad que haga un seguimiento del cumplimiento de la normativa y de las políticas que se promuevan en este ámbito, con la participación de representantes de las entidades, las personas con discapacidad y sus familiares.

Las cinco medidas que incluye la ley en el ámbito de la salud, la educación, el empleo, la protección social, la cultura, el turismo, el ocio y el deporte y el acceso a la administración de justicia son:

1. En el terreno de la educación, la modalidad de la escolarización garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario, público o concertado, con los apoyos necesarios, y también se garantizará que la familia pueda optar por un centro de educación especial.

2. En el ámbito laboral, se recoge la incorporación en los contratos públicos, cuando su naturaleza lo permita, de cláusulas sociales que otorguen preferencia a las empresas que establezcan mejoras sobre las exigencias legales de contratación de las personas con discapacidad.

En las Ofertas de Empleo Público, se establecerán al menos las cuotas de reserva para personas con discapacidad que se determinen en la normativa básica estatal.

3. La ley garantizará asimismo porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a los centros especiales de empleo.

4. También en la contratación pública se establecerán medidas de control para asegurar que las empresas adjudicatarias cumplan las cláusulas establecidas en los contratos para asegurar la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones directas o indirectas.

4. Se promoverá la creación de un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental que dispongan del beneficio de justicia gratuita, para su representación o defensa en asuntos relacionados directamente con la discapacidad.

Fuente: El Diario Montañés.