Más de 80.000 personas con discapacidad intelectual, que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total, quedarán de nuevo fuera de las elecciones porque no se les permite votar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sigue sin modificarse pese a la advertencia de Naciones Unidas y este jueves es el Día Internacional de la Discapacidad.
En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que “ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental”.
Tres años más tarde, en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención y advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral.
En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Sin embargo, dos años después, del Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha salido ningún informe al respecto.
“La Legislatura se despide sin que esa conculcación masiva de derechos humanos que permite nuestro sistema electoral se haya solventado. Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad”, ha denunciado en declaraciones a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
Asimismo, ve “decepcionante” que la clase política, “en el peor sentido de la palabra”, consienta que este estado de cosas siga, “sin mayor escándalo y sin hacer nada para subsanarlo”. El CERMI avisa de que va a ser “absolutamente intransigente” y a fiscalizar “lo que se haga y lo que no se haga” para que el derecho de sufragio sea universal, que ahora y “discrimina por razón de discapacidad”.
FUENTE: CERMI.