La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) celebrará el próximo miércoles 28 de noviembre concentraciones simultáneas en 37 ciudades de toda España para presentar la campaña #Arrestópolis y denunciar la falta de accesibilidad en edificios de viviendas que mantiene encerradas en su propia casa a personas con discapacidad y reivindicarán el derecho a la vida independiente y a una vivienda digna.
Las protagonistas de estas concentraciones serán personas que, por falta de accesibilidad en su edificio, no pueden salir a la calle con autonomía y tener una vida independiente, un problema sobre el que se pretende sensibilizar a toda la ciudadanía y agentes implicados en la cadena de la accesibilidad a través de la compaña Arrestópolis que pretende que “no exista ninguna persona viviendo en estas condiciones” y reivindicar la puesta en marcha de medidas dirigidas a eliminar las barreras que vulneran los derechos, libertades y vida independiente de las personas con discapacidad.
Cocemfe denuncia que “actualmente, sólo el 0,6% de los casi 10 millones de edificios de viviendas de España cumplen de manera total con la reglamentación en materia de accesibilidad, a pesar de que el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo legal que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el RDL de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.
Así lo recoge el estudio “La accesibilidad en las viviendas de España” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, para conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas del edificio: desde su acceso desde la calle hasta la puerta de la vivienda.
La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, y que salió a la luz el pasado marzo, desvela que se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere y concluye que un 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal porque en 6 de cada 10 edificios existen escaleras en este punto y solo el 28% tienen rampa que en algunos casos no es plenamente funcional. Además, entre otras barreras, un 22% carece de ascensor y solo el 7% de los ascensores que hay en los edificios son universalmente accesibles. Asimismo 14% de los edificios no poseen portero automático. Y, de los que lo tienen, el 32% no es accesible para una persona en silla de ruedas y únicamente el 29% tiene video-portero, dando un resultado de un escaso 9% de accesibilidad universal en este punto.
Respecto a los garajes, únicamente el 18% de ellos son plenamente accesibles, con la mitad (50%) de las plazas de aparcamiento no adecuadas para una persona con movilidad reducida. Además, y según dicho estudio, las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de los elementos comunes como piscinas o jardines, dado que solo se consideran accesibles el 54% de las zonas comunes.
Sobre cuáles son las razones para no llevar a cabo las reformas exigida, la investigación señala que, aunque un 40% de los encuestados cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, el desconocimiento legal y los motivos económicos impiden su materialización.
Soluciones
Las medidas urgentes que en materia de vivienda y alquiler se pueden tomar para garantizar el derecho a una vivienda accesible y social, en la que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso ya están sobre la mesa del Gobierno ya que se las planteó a finales de septiembre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
En materia de accesibilidad universal, la plataforma que defiende los derechos de las personas con discapacidad propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos no se puedan negar a realizar las obras pertinentes en las zonas comunes para garantizar que las personas mayores o con discapacidad puedan entrar y salir de su hogar de manera independiente, como sucede en la actualidad si el coste de las actuaciones supera un determinado número de mensualidades de la cuota de la comunidad.
Cermi también reclama crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas que adquieran una discapacidad puedan residir en ellas mientras realizan las adaptaciones necesarias en su vivienda o encuentran una segunda residencia.
Asimismo, pide promover fórmulas de vida inclusiva que fomenten la desinstitucionalización de personas con discapacidad, permitiendo que entidades del ámbito de la discapacidad puedan utilizar viviendas encaminadas a que estas personas puedan vivir en ellas de manera autónoma, recibiendo para ello los apoyos necesarios.
De igual modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España solicita llevar a la práctica la concesión de ayudas económicas para realizar adaptaciones en viviendas de personas en situación de dependencia, como prevé el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Fuente: El Boletín.